El Poder Ejecutivo Nacional entiende que la pobreza debe ser abordada, con políticas públicas, económicas y sociales que promuevan la integración social a través de la generación de condiciones que favorezcan los mayores niveles de justicia social articulando recursos y capacidades disponibles en cada territorio para hacer efectivas las oportunidades de inclusión real.

Ello es así porque la heterogeneidad y la extensión de la pobreza jaquean las soluciones homogéneas que fueron implementadas en otras épocas y que, va de suyo, eran consistentes con el modelo económico y social vigente en ese momento.

El modelo de crecimiento económico con inclusión social que puso en marcha el gobierno nacional en el 2003 puso el acento en la capacidad del Estado para articular un proyecto nacional con eje en el trabajo ⁽¹⁾ como motor de la redistribución del ingreso.

Este aspecto cobra vital importancia en relación a los sectores más vulnerables, habida cuenta que son éstos los que requieren mayores esfuerzos por parte del Estado para integrarse al crecimiento económico.

El fortalecimiento de las capacidades personales y sociales, el acceso a los bienes públicos básicos y la reconstrucción de las redes sociales conforman los objetivos estratégicos de las políticas sociales, educativas y de empleo.

En este marco, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) ha coordinado —desde el 2003— la Red Federal de Políticas Sociales, cuya meta es la integración y la articulación de los esfuerzos y recursos provenientes del Estado (nacional, provincial y local), de las organizaciones sociales y del sector privado, en la lucha contra la pobreza en cada uno de los territorios de la República Argentina.

En el mismo sentido, el MDS ha motorizado tres planes nacionales que dan cuenta de los aspectos más importantes de la política social, como son la seguridad alimentaria ("Plan Nacional de Seguridad Alimentaria"), el desarrollo local y el fortalecimiento de la economía social ("Plan Nacional Manos a la Obra") y la protección y promoción de las capacidades y derechos de las familias en situación de vulnerabilidad social ("Plan Nacional Familias"). Este último Plan se compone de una serie de programas y acciones de prevención, promoción y asistencia, entre los que se encuentra ⁽²⁾ el Programa Familias por la Inclusión Social.

Se destaca que, a más de cinco años de iniciada la Red Federal de Políticas Sociales, el Estado nacional ha ampliado notablemente las herramientas de abordaje territorial disponibles ⁽³⁾ para aumentar la inversión pública en infraestructura social, formación de recursos humanos, protección, promoción y participación de los sectores excluidos.

Sin embargo, se asume que estos esfuerzos deben ser profundizados constantemente a fin de intensificar la acción estatal en la lucha contra los núcleos duros de la pobreza cuya característica central es el retraso en el acceso a la atención del Estado y el desarrollo de capacidades locales y poblacionales (oportunidades inhibidas).

En este sentido, el Plan Nacional de Abordaje Territorial ("Plan Ahí en el Lugar") es una respuesta a la necesidad de mejorar la situación de aquellas personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y postergación territorial.

La estrategia de inclusión social impulsada por el gobierno nacional para el período 2009-2011 ⁽⁴⁾ se centra en el aumento considerable de la inversión social en aras de promover la generación de conocimientos y habilidades personales, organizacionales, productivas, familiares y comunitarias que mejoren las posibilidades de inserción laboral de los sectores excluidos.

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(1) Trabajo como producto de la reactivación del mercado laboral pero también de la ocupación productiva en la Economía Social.

(2) Componen el Plan Nacional Familias, además, los Centros Integradores Comunitarios (CIC), las acciones implementadas por la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, el Programa Federal de la Mujer y la Familia Juana Azurduy, la labor del Consejo Federal de la Niñez y Adolescencia, las actividades de apoyo a organizaciones sociales, la asistencia especial a grupos vulnerables, el Programa Integrando la Discapacidad, Capacidades Especiales y el Tren de Desarrollo Social y Sanitario.

(3) Los Centros de Referencia (CDR) del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) han consolidado su presencia en todas las provincias; se han construido 786 Unidades de Trabajo y Participación de Promotores Territoriales para el Cambio Social con cobertura en todo el país; más de 230 CIC hoy están en funcionamiento y otros 400 se encuentran en distintas etapas de construcción.

(4) La inversión social para el periodo señalado representa un crecimiento del 656% en el presupuesto del MDS respecto al 2002, sólo en el 2009 la inversión superará en 2.000 millones de pesos a la del 2008. Este incremento repercutirá, entre otras medidas, en el incremento del presupuesto del Plan Alimentario Nacional, el aumento del 50% del adicional por hijo para el Programa Familias; la extensión del adicional por hijo a los monotributistas sociales y la creación de 1.000 nuevas pequeñas cooperativas que asegurarán más de 300 mil empleos directos.

En este marco el Ministerio de Desarrollo Social profundizará las estrategias de inclusión social implementadas desde el 2003, que dan cuenta de:

• El aprendizaje de oficios y la orientación laboral relacionadas con el desarrollo local.

• La auto-producción de alimentos destinados a las familias y redes prestacionales (comedores, centros comunitarios, jardines maternales y escuelas).

• El fortalecimiento de organizaciones populares y productivas facilitando recursos y garantías de transparencia e involucramiento de la sociedad civil.

• La mejora en la atención de las emergencias de carácter social —alimentarias, por catástrofes, habitacional— priorizando la atención de los grupos que presentan mayor riesgo.

Finalmente, y como eje transversal de la estrategia de inclusión social, se profundizará el fomento de la participación de los destinatarios de la políticas sociales en diversas instancias de formulación y ejecución de las políticas sociales, desde el respeto a la dignidad de las personas y la acción colectiva.

Los desafíos planteados para el período 2009-2011 demandan la readecuación de diversas herramientas de política pública utilizadas por el MDS, entre las que se encuentra el Programa Familias por la Inclusión Social.

El mismo transitará, el camino que va desde un programa de transferencia condicionada de ingresos hacia un programa de promoción, protección y participación de las familias involucradas, transformándose en un nexo para que las mismas puedan mejorar su calidad de vida con inclusión social real.

La reformulación de los programas de ingresos sociales iniciada en el 2004 agudizó la mirada del Estado nacional sobre el heterogéneo universo de ciudadanos contemplados en un programa precedente, surgido de la emergencia social: el Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJJHD) ⁽⁵⁾.

Así, y a través del Decreto N° 1506/04, se distinguieron dos situaciones iniciales sobre las cuales el Estado operaría con herramientas diferenciadas de política pública:

• Las necesidades de las personas que tenían menores dificultades generales para encontrar un trabajo (por su situación familiar, cantidad de hijos que atender, formación, etc.).

• Las de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social (por número de hijos, niveles de deserción escolar, etc.) con menores posibilidades de acceder o sostenerse mediante el empleo.

Estas situaciones dispares de empleabilidad y vulnerabilidad social de los ciudadanos que componían el universo del PJJHD fueron abordadas por dos programas —creados a tales efectos— a los que dichos destinatarios migrarían de manera optativa ⁽⁶⁾:

• El Programa Familias por la Inclusión Social ⁽⁷⁾, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social.

• El Seguro de Capacitación y Empleo, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).

El Programa Familias apuntaría, en adelante, a proteger y promover a las familias en situación de vulnerabilidad y/o riesgo social desde la salud, la educación y el desarrollo de capacidades.

A tales efectos combinaría prestaciones monetarias (el ingreso no remunerativo mensual y las becas de formación profesional y terminalidad educativa) y no monetarias (actividades de desarrollo de capacidades y promoción familiar y comunitaria, junto a otros actores sociales, gubernamentales y de la sociedad en general), al tiempo que extendería, de manera gradual, su cobertura ⁽⁸⁾ y alcance territorial.

El cálculo incluye los 347 municipios regulares del Programa, 147 municipios asociados en el marco del Traspaso, 87 municipios asociados en el marco del Plan Ahí, 23 municipios en el marco de los operativos de nuevas altas a pueblos originarios, y 81 municipios que no se agrupan en ninguna de las anteriores categorizaciones pero que presentan destinatarios del Programa Familias: municipios que se suman por incorporaciones a través de nuevas altas, casos excepciones de municipios históricos del IDH (Subprograma de Ingresos para el Desarrollo Humano), entre otros.

Para optimizar su funcionamiento el Programa ha combinado dos niveles complementarios de gestión: el centralizado —a cargo de las instancias de coordinación, logística de la implementación del programa, administración, monitoreo y evaluación— y el descentralizado, compuesto por los equipos técnicos provinciales, locales y los Centros de Atención Local (CAL) ⁽⁹⁾. Este nivel integra y articula sus tareas con los Centros de Referencia del Ministerio (CDR) y los Centros Integradores Comunitarios (CIC).

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(5) El PJJHD alcanzó a 2.000.000 de personas en el momento más álgido de la crisis. Hoy, a más de cuatro años de iniciado el proceso de reformulación de los programas de ingresos sociales, el programa alcanza a 620.000 beneficiarios.

(6) El proceso de traspaso de beneficiarios del PJJHD al Programa Familias, se encuentra previsto, a nivel nacional, por el Decreto N° 1506/2004 y las Resoluciones Conjuntas MDS y MTESS Nº 336 y 155/05. Estos instrumentos asignan responsabilidades a los Ministerios de Desarrollo Social, y Trabajo, Empleo y Seguridad Social para llevar a cabo, en forma conjunta, el mencionado proceso de transferencia. En el ámbito provincial este marco requiere, además, la firma de un convenio entre la Nación y las provincias previo al inicio del traspaso.

(7) La Resolución MDS Nº 825/05 crea el marco para la implementación del Programa Familias y establece su dependencia funcional inmediata de la Subsecretaría de Organización de Ingresos Sociales, dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales.

(8) La resolución MDS Nº 53 del 2007 unifica los criterios de elegibilidad y la tipificación de riesgos sociales para las inclusiones excepcionales a la modalidad del traspaso. Al mes de enero del 2009 reciben el ingreso no remunerativo por la modalidad de nuevas altas, 13.659 destinatarios.

(9) Los CAL conforman la oficina local del Programa Familias para el contacto sistemático con los/las destinatarios del programa. Esta actividad es compartida, en muchos casos, con los CIC y los CDR.

El ejercicio de los derechos básicos por parte de las familias vulnerables demanda el desarrollo de capacidades, la creación de mínimas condiciones de calidad de vida y el impulso a la participación comunitaria. Los instrumentos de inclusión que articula el Programa (prestaciones monetarias y no monetarias) se centran en el rol de las familias como ámbito primario para la integración social y el quiebre de la transmisión intergeneracional de la pobreza.

Ingreso No Remunerativo Mensual ⁽¹⁰⁾

Se estableció que dicho subsidio variaría de acuerdo a la cantidad de niños y niñas menores de 19 años a cargo, o discapacitados de cualquier edad, entre los $185 por dos niños o niñas menores de 19 años a cargo del titular a $305 ⁽¹¹⁾ por seis o más niños o niñas menores de 19 años a cargo del titular.

Para facilitar la participación laboral de las familias destinatarias del Programa, se asumió que el ingreso debía ser compatible con otros ingresos en el hogar ⁽¹²⁾.

Del mismo modo se exceptuó a los destinatarios de la contraprestación laboral.

La condicionalidad exigida consistió en la presentación —por parte de las familias destinatarias y dos veces al año— de la documentación relativa al cumplimiento de los controles de salud de las embarazadas, del Plan Nacional de Vacunación y la regularidad escolar de los niños y niñas menores a cargo de la jefa de familia. Estos dos aspectos representaron un gran avance en materia de programas de transferencia condicionada de ingresos.

Para agilizar y transparentar el cobro del ingreso, se implementó el uso de tarjetas de débito expedidas por el Banco de la Nación. Esta modalidad de cobro alcanzó al 99,8% de los destinatarios del Programa.

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(10) Durante el mes de enero del 2009 se transfirieron a las familias destinatarias un monto total de $127.707.674 correspondientes al ingreso no remunerativo ($127.392.974 974) y a las Becas ($314.700).

(11) La asignación por hijo aumentó a partir del mes de marzo del 2009, consolidando una escala que va desde los $200 por dos menores de 19 años a cargo del titular a $380 por seis o más menores de 19 años a cargo del titular o discapacitados de cualquier edad.

(12) Siempre que la totalidad del mismo no supere el Salario Mínimo Vital y Móvil.

El acceso a la educación por parte de los jóvenes y adultos de las familias destinatarias supone la remoción de barreras que obstaculizan la terminalidad educativa y/o la formación profesional.

Las becas ⁽¹³⁾ que otorga el Programa, son de carácter voluntario y de ninguna manera suponen un requisito para el mantenimiento del ingreso no remunerativo.

La implementación de esta prestación, hasta la fecha, muestra que ⁽¹⁴⁾:

• El 56,6% de los destinatarios de la beca que asigna el Programa la utilizaron para comenzar y/o concluir estudios primarios (40%) y secundarios (16,6%), mientras que el 43,2% desarrollaron actividades de formación profesional.

• El 34,8% de los destinatarios de esta prestación tiene menos de 29 años, mientras que el 51,3% tiene entre 30 y 45 años.

• Más del 90% de los destinatarios usaron la beca para finalizar la escolaridad primaria y secundaria son mujeres.

• Entre los destinatarios que utilizaron la beca para la formación profesional se destaca: a) la presencia de jóvenes que continúan su carrera universitaria (20,7%) y b) que las mujeres han elegido fundamentalmente actividades que han considerado como una salida al mercado de trabajo (arreglo y confección de ropa, elaboración y comercialización de comida, etc.).

• Al ser consultados por las motivaciones para estudiar apoyados por esta beca, los destinatarios de la misma dijeron:

Estas prestaciones propiciaron como punto de partida, la elaboración de un diagnóstico común entre organizaciones de la sociedad civil y estados municipales acerca de las problemáticas, las necesidades y los servicios sociales y educativos disponibles en cada comunidad.

El resultado de este proceso de relevamiento de necesidades y recursos presentes en cada comunidad, se plasmó en diversos Planes de Actividades que el Programa apoyó en las 56 ⁽¹⁵⁾ localidades donde se implementaron las prestaciones no monetarias.

El propósito de esta prestación fue la incidencia en algunas de las causas y efectos del fracaso escolar en niñas/os y adolescentes incorporados al sistema educativo (repitencia y abandono escolar).

Se pretende en la nueva etapa profundizar y fortalecer el rol de los padres como promotores de la escolarización de sus hijas/os. Durante este período participaron de estos cursos 22.083 niños y niñas.

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(13) Ayuda económica mensual de $60, transferida directamente al destinatario del Programa a través de la tarjeta de débito, para cubrir movilidad, refrigerio y/o útiles.

(14) Encuesta a Hogares de Beneficiarios. PF. Diciembre 2007.

(15) Durante la primera fase de implementación del Programa se diseñaron, consensuaron y ejecutaron planes de actividades en 56 de las 60 localidades inicialmente pautadas para el desarrollo de las prestaciones no monetarias.

Los talleres de desarrollo familiar y comunitario fueron diseñados con el objetivo de mejorar la posición de los adultos y jóvenes del núcleo familiar ante las situaciones que generan exclusión social.

Están compuestos por actividades que promueven el desarrollo personal, familiar y comunitario que facilitan el pleno acceso a servicios sociales y el goce de sus derechos de ciudadanía ⁽¹⁶⁾.

Entre algunos de los talleres previstos vale mencionar el Desarrollo infantil y juvenil; Género, salud sexual y reproductiva; Prevención de la violencia doméstica y Prevención de riesgos sociales para jóvenes.

EL PERFIL DE LOS DESTINATARIOS DEL PROGRAMA ⁽¹⁷⁾

• Los hogares destinatarios del Programa tienen un promedio de 5,7 integrantes. Una de las características que explica el tamaño es la elevada presencia de niños: más de la mitad de los hogares sujetos de derecho alberga a 3 o más niños y un 14,3% tiene 5 niños o más.

• Más de la mitad de los hogares sujetos de derecho del Programa tienen jefatura femenina (53%). Esta proporción —que supera ampliamente al promedio nacional — se vincula a la existencia de un alto porcentaje de hogares mono parentales con jefatura femenina: mientras el 96,1% de los jefes varones viven con su pareja, sólo el 31,6% de las mujeres jefas se encuentran casadas o unidas.

Pobreza, Indigencia, NBI e ICV ⁽¹⁸⁾

Si no se contabiliza el ingreso proveniente del Programa Familias (PF), el 85,4% de hogares resulta pobre, en tanto que más de la mitad de los hogares al ingreso al PF era caracterizado como indigente (50,5%).

Estos porcentajes ascendían al 92,6% de hogares indigentes y el 100% en situación de pobreza en las comunidades aborígenes.

Si se consideran todos los ingresos recibidos por los hogares, incluyendo los provenientes del Programa Familias, un 76,3% de los hogares es pobre, en tanto que un 29,9% de los hogares son considerados indigentes.

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(16) A diciembre de 2008 participaron en los talleres 4540 destinatarios del Programa.

(17) Los datos que se presentan a continuación son el resultado de la Encuesta a Hogares Beneficiarios (EHB) relevada por el Consorcio conformado por las Universidades Nacionales de General Sarmiento y San Martín y CRISOL Proyectos Sociales, entre los meses de noviembre 2007 a enero 2008.

(18) Indice de Calidad de Vida (ICV) desarrollado a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida de 1997 del SIEMPRO. El índice incorpora una serie de variables que permiten identificar la disponibilidad de recursos y de este modo clasificar a los hogares, tanto en lo que refiere a características de la vivienda, como de aspectos socio demográficos del hogar y del jefe. Las variables incluidas en el cálculo del ICV abarcan seis grandes dimensiones: a) Condiciones y ubicación de la vivienda, b) Servicios en la vivienda, c) Aspectos demográficos, d) Escolaridad, e) Seguridad social en salud, calificación ocupacional y perceptora de ingreso, y f) Diferencias regionales.

• Más del 70% de los hogares que habitan los destinatarios del Programa se localizan en barrios sin veredas completas. El 40,9% se encuentra en zonas inundables y un 18,8% próximos a basurales. El 61% de los hogares muestra saneamiento inadecuado ⁽¹⁹⁾. Esta situación se verifica en el 55,4% de los hogares que provienen del IDH y en mayor proporción en los del PJJHD (65%).

• En el 38,8% de los hogares conviven 3 o más personas por habitación.

• Entre los hogares beneficiarios, en el 6,1% de los hogares hay al menos un niño o adolescente de hasta 14 años que realizó alguna actividad con el fin de ayudar al sostén del hogar ⁽²⁰⁾.

• Las tasas de desocupación y subocupación de los jefes de hogares destinatarios del Programa duplican —y triplican en el caso de la subocupación— las del total de población nacional: el 66,4% se encuentra ocupado, el 12,3% está buscando sin éxito un empleo, mientras que el 24,2% es inactivo.

• La mayor parte de los jefes de hogares beneficiarios ocupados están en puestos de operación y en puestos no calificados. Prácticamente no existen ocupados en puestos de calificación profesional, sólo el 14% de ellos se encuentran ocupados en puestos que requieren alguna calificación técnica, en todos los grupos estudiados. El 18,4% de los jefes ocupados realizan tareas de servicio doméstico.

• El 25,8% de los jefes no alcanzó a completar los estudios primarios. Sólo el 7,1% de los jefes registra como máximo nivel alcanzado el secundario completo, mientras que la proporción de jefes que concurrió al nivel terciario o universitario es prácticamente nula (2,5%).

• Las principales causas de abandono de los estudios refieren a los motivos económicos (58,6%: "necesitaban trabajar" o "no podían pagar los estudios" fueron las respuestas más recurrentes).

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(19) El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) define el saneamiento inadecuado como "dispone de inodoro con descarga y desagüe a pozo ciego, inodoro sin descarga o no tienen inodoro".

(20) Se consideraron las actividades laborales y económicas no laborales realizadas por niños, niñas y adolescentes de hasta 14 años que sirvieron como ayuda al sostén del hogar. Para más detalles, ver el Informe "Actividades económicas de niños, niñas y adolescentes en la Argentina", publicado por la Secretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

• Casi 3 de cada 4 hogares (74,7%) no tienen ningún integrante con protección por fuera del sistema público de salud. En los hogares indígenas este porcentaje asciende al 95%.

• La falta de cobertura de salud ⁽²¹⁾ por fuera del sistema público se manifiesta en todos los grupos de edad, aunque se registra una mejor situación entre los adultos mayores, y una tendencia descendente en el nivel de protección a medida en que se va bajando de grupo de edad, evidenciando una vez más la vulnerabilidad de los niños (88,3% sin cobertura de salud).

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(21) Se entiende como cobertura de salud a aquella que se desarrolla por fuera del sistema público, incluyendo por lo tanto, exclusivamente, a la cobertura por obra social, por mutual o prepaga, PAMI o PROFE, Planes y seguros públicos y servicios de emergencia.

• Estos tipos de hogares presentan condiciones alarmantes de vulnerabilidad, con niveles de pobreza, indigencia, NBI y desocupación que superan la media de la población titular total del programa.

El Poder Ejecutivo Nacional entiende que el modelo de crecimiento con distribución del ingreso es el camino acertado para promover la inclusión social.

La experiencia de gestión protagonizada por el Ministerio de Desarrollo Social en la coordinación de la Red Federal de Políticas Sociales confirma que las políticas implementadas para la protección, la promoción y la participación de los sectores excluidos deben ser ratificadas y profundizadas durante el periodo 2009-2011 ⁽²²⁾.

La mejora en los indicadores de pobreza y desocupación muestra, sin embargo, que todavía persisten núcleos duros de pobreza, cuya característica central es el retraso en el acceso a la atención del Estado y las oportunidades inhibidas para el desarrollo de capacidades locales y poblacionales.

La labor implementada por la Red Federal de Políticas Sociales en la articulación entre jurisdicciones estatales ofrece un excelente marco para consolidar herramientas intra e interestatales para el abordaje territorial ⁽²³⁾ de estos núcleos.

Este escenario requiere la readecuación de algunas herramientas de política social que, como el Programa Familias, deberán profundizar la articulación de sus acciones con el resto de las acciones impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Social.

Este Programa, en su etapa inicial, ha sido una respuesta eficaz a los problemas más inmediatos de los hogares pobres e indigentes de la Argentina —como demuestra la reducción de la indigencia en su universo de destinatarios— y que los criterios de ampliación territorial efectuados en su primera fase también produjeron resultados importantes. Sin embargo, se debe complejizar la intervención para que su labor combine herramientas de promoción, protección y participación social de sus destinatarios.

La Subsecretaría de Organización de Ingresos Sociales, ha establecido, en este sentido, los siguientes lineamientos básicos para el rediseño del Programa Familias.

El desafío para esta etapa es mejorar la atención de las emergencias de carácter social ⁽²⁴⁾ y las situaciones de rezago estructural —pueblos originarios— priorizando la atención de los grupos que presentan mayor riesgo.

• Las asignaciones existentes (ingreso no remunerativo mensual y becas de terminalidad educativa y formación profesional) aumentarán su expansión territorial.

• El control de condicionalidades será reemplazado por el cruce de información interestatal acerca del núcleo familiar y el compromiso de los destinatarios con la actualización de los datos familiares y la participación en actividades de prevención y promoción.

• El crecimiento territorial de la protección estará determinado por el proceso de migración del PJJHD, pero también por las localidades de emplazamiento de los CIC y aquellas identificadas por alto riesgo social y/o vulnerabilidad territorial, fundamentalmente las localidades incluidas en el Plan Nacional Ahí.

El desafío de la etapa es la incorporación de recursos y necesidades de cada territorio que promuevan los siguientes objetivos:

• Coordinación de esfuerzos para la mejora de la empleabilidad y la inclusión en actividades de la economía social, potenciando la cultura local y la organización popular:

- Generación e inserción en ocupaciones de utilidad social, con la modalidad de formación en la acción (capacitación teórica y práctica becada) en: Servicios comunitarios, actividades socio-ambientales, mejoramiento de infraestructura social a pequeña escala, cuidadores domiciliarios para la tercera edad, madres cuidadoras para facilitar espacios de cuidado y contención de niños y niñas mientras sus madres —pertenecientes al Programa— trabajan, promotores deportivos, promotores de microcréditos, alfabetización de adultos bajo la modalidad de la educación popular, entre otros.

- Promoción de grupos asociativos o emprendimientos familiares o unipersonales a través de la intervención del Programa Manos a la Obra, fomento a la conformación de cooperativas de trabajo en articulación con el INAES ⁽²⁵⁾ y Efectores Sociales ⁽²⁶⁾.

- Inserción en el microcrédito e incorporación al Monotributo Social.

• Articulación para el apoyo a la niñez y la juventud: Documentación de niños y adolescentes, acciones de superación del trabajo infantil, inclusión de modalidades de apoyo escolar para comunidades de pueblos originarios, educación complementaria para discapacitados, promoción del desarrollo infantil para padres y reinserción educativa.

• Apoyo a la seguridad alimentaria y la economía familiar: Mediante acciones de vinculación de las familias con el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria, promoción de huertas, granjas familiares y para el abaratamiento y acceso de bienes y servicios básicos para el consumo popular.

• Combinación de esfuerzos para el apoyo, la promoción y prevención de la salud. A través de información, aprendizaje de prácticas saludables y de auto-cuidado, estimulación al desarrollo infantil, controles y vacunación de niños; asistencia en el control de embarazo, prevención de riesgos y mortalidad materna, apoyo a la capacitación y actividades de promotores de salud, específicamente en comunidades rurales y pueblos originarios.

• Articulación de acciones para la afirmación de derechos ciudadanos e identidades comunitarias promocionando la organización y participación popular, fortaleciendo las redes sociales, las pequeñas organizaciones y las actividades de encuentro y participación. A su vez, brindando apoyo a las actividades culturales y deportivas barriales, incluyendo el rescate de la memoria y las identidades locales, la recreación y actividades artísticas, la comunicación comunitaria y la práctica deportiva.

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(22) En este marco se inscribe el Plan de Políticas Sociales para el bienio 2009-2011 anunciado por la Presidencia de la Nación el pasado 12 de febrero de 2009.

(23) Los CDR consolidaron su presencia en todas las provincias; se finalizó la construcción de más de 230 CIC y 400 centros se encuentran en distintas etapas de construcción; se instalaron 786 Unidades de Trabajo y Participación de Promotores Territoriales para el cambio social constituidas en todo el país.

(24) Alimentación, emergencia habitacional, vulnerabilidad territorial, judicialización, trabajo infantil, etc.

(25) El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) es un organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, con funciones en materia de promoción, desarrollo y control de la acción cooperativa y mutual.

(26) Se refiere a las personas que realizan actividades económicas productivas —enmarcadas en el desarrollo local y la economía social— y que ven limitada su inserción en la economía por estar en una situación de vulnerabilidad social. El Ministerio de Desarrollo Social implementó, para ello, el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social para facilitar el desarrollo de la actividad económica y el incremento de los ingresos de estos efectores, a partir de la posibilidad de facturar y de ese modo incorporar nuevos compradores o clientes. El efector social inscripto en el Registro queda incluido en el régimen de Monotributo Social pudiendo acceder a una obra social de libre elección, computar aportes realizados al Registro al sistema jubilatorio, emitir factura oficial y ser proveedor del Estado a través de la modalidad de contratación directa, tal como lo prevé el decreto 204/04 del Poder Ejecutivo Nacional.

El desafío de esta etapa es promover la asunción sostenible de la corresponsabilidad en la protección, prevención y promoción de los derechos de los integrantes de la familia y la comunidad, fundamentalmente los niños, jóvenes y adultos mayores.

• Capacitación: Promover la formación en acción ⁽²⁷⁾ de los destinatarios para que los mismos se constituyan en facilitadores del Programa.

• Organización Comunitaria: Creación y/o inserción en espacios de encuentro entre las familias y el fortalecimiento de redes sociales.

• Voz del destinatario del Programa: Fortalecimiento de los procesos multiactorales que potencien la voz de las familias destinatarias respecto de las prestaciones y actividades brindadas por esta planificación. Inclusión en actividades de planificación, gestión y evaluación.

A continuación se describe el marco jurídico fundamental sobre la temática desarrollada:

• Decreto Nº 1506/04.

• Resolución MDS Nº 287/09.

• Resolución Nº 693/07.

• Resolución MDS N° 648/06.

• Resolución MDS Nº 825/05.

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NOTA: Para mayor información se sugiere contactarse con las siguientes vías de comunicación: Teléfono: 0800-222-3294. Sitio Web: www.desarrollosocial.gov.ar. Email: familias@desarrollosocial.gov.ar. Dirección: 25 de mayo 606 (C1002ABN), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

(27) Formación académica de nivel de tecnicatura universitaria o curso pre-universitario en el desarrollo integral de capacidades, conocimientos, destrezas y ejercicio de acompañamiento y promoción familiar y socio-cultural.